La selección del inquilino en las zonas tensionadas de Cataluña: qué puede demostrarse con datos de 2024–2026

Dictamen ejecutivo

La investigación confirma una parte importante de la hipótesis, pero no permite sostener honestamente la versión más fuerte de la tesis como una “prueba empírica definitiva”. El motivo es muy concreto: el registro administrativo que permite observar prácticamente todo el alquiler formal catalán —las fianzas depositadas en el Incasòl— publica como variables principales únicamente número de contratos y renta contractual media. No publica ingresos del nuevo inquilino, profesión, tipo de contrato laboral, antigüedad, nacionalidad, edad, existencia de avalista ni resultado de un scoring de solvencia. Por tanto, hoy no existe una estadística pública que permita afirmar, por ejemplo, que “el 35% de los nuevos contratos regulados los consiguen funcionarios y solo el 10% hogares de renta baja”. Esa base de datos, públicamente, no existe. ref. 1 pendiente

Lo que sí se puede demostrar es el mecanismo de selección. Las principales corredurías y aseguradoras de impago examinan explícitamente ingresos, estabilidad laboral y morosidad. Arrenta publica como criterio general que la renta no supere el 40% de los ingresos netos, exige ingresos demostrables y estables y, para trabajadores por cuenta ajena o funcionarios, seis meses de antigüedad o contrato indefinido; si no se cumplen los criterios, el seguro puede ser denegado. En 2026, aseguradoras entrevistadas por El País situaban la horquilla que estaban aceptando en torno al 40%-45%, señalaban requisitos de estabilidad laboral y admitían recurrir a avalistas personales y solidarios cuando el candidato no alcanza la solvencia exigida. ref. 2 pendiente

Al cruzar esos criterios con las rentas efectivamente registradas por el Incasòl aparece una barrera muy clara. En el primer trimestre de 2026, la renta media contractual era 876,56 €/mes en las zonas tensionadas y 1.137,35 € en Barcelona ciudad. Con un límite del 40%, hacen falta aproximadamente 2.191 € netos mensuales de hogar para la vivienda media tensionada y 2.843 € para la vivienda media barcelonesa. Un hogar que perciba menos de 2.000 € netos solo puede soportar una renta máxima de 800 € bajo ese filtro. En otras palabras, queda matemáticamente por debajo del filtro típico para la vivienda media de las zonas tensionadas y muy por debajo para Barcelona, salvo que sume otros ingresos, encuentre una vivienda claramente más barata, aporte avalista o acceda a una aseguradora con criterios más flexibles. ref. 3 pendiente

Además, hay evidencia clara de que la escasez está trasladando la competencia desde el precio hacia la selección del candidato. Tras el primer año de regulación, agentes del mercado describían en Barcelona procesos con centenares de aspirantes por vivienda y un progresivo descarte de hogares vulnerables, después hogares en riesgo y finalmente candidatos con tasas de esfuerzo superiores al 30%. El análisis de FEDEA publicado en junio de 2026 concluye asimismo que la moderación de rentas coexistió con una reducción intensa de oferta anunciada y con una multiplicación de la competencia, de modo que el ajuste pasa a realizarse mediante “racionamiento entre solicitantes”. ref. 4 pendiente

La conclusión rigurosa es, por tanto, más precisa que el enunciado inicial: el control de rentas puede beneficiar considerablemente al inquilino que ya tiene una vivienda regulada o que consigue superar el proceso de selección, pero la evidencia 2024–2026 es consistente con que la reducción de oferta y el exceso de candidatos eleven el valor de la solvencia, la estabilidad laboral y las garantías personales en la adjudicación de las escasas viviendas disponibles. Eso crea un sesgo de acceso contra hogares de ingresos modestos y trayectorias laborales precarias. Lo que todavía no podemos cuantificar es cuánto se ha desplazado la composición de los nuevos inquilinos hacia funcionarios, rentas altas o contratos indefinidos a consecuencia de la regulación. ref. 5 pendiente

En términos económicos, además, lo observado se describe mejor como racionamiento no monetario, selección por solvencia o “cream-skimming” de inquilinos que como selección adversa en su sentido técnico estricto: cuando hay decenas de candidatos a un precio restringido, el propietario puede escoger al que presenta menor riesgo observable.

Estado de las tres hipótesis investigadas

Si no ves todas las columnas, desplaza la tabla horizontalmente. Con teclado, enfoca la tabla y usa las flechas.

El gran agujero estadístico del Incasòl

El punto más importante de la investigación es también el más sencillo: la Administración catalana posee una fuente extraordinariamente completa sobre los contratos, pero las estadísticas públicas no permiten conocer quién consigue esos contratos.

La metodología oficial de la Generalitat define como universo estadístico el Registro de Fianzas de Alquiler depositadas en el Incasòl. La información procede de datos administrativos, se publica trimestralmente y sus variables principales son dos: número de contratos de alquiler de vivienda y renta media contractual. La ficha metodológica, actualizada el 13 de julio de 2026, no enumera renta del hogar, profesión, modalidad contractual laboral, antigüedad, nacionalidad o avalista entre sus variables principales publicadas. ref. 6 pendiente

Eso impide efectuar precisamente el test distributivo que sería decisivo. Para probar de manera causal la hipótesis propuesta habría que enlazar, al menos, cada nuevo contrato registrado con:

Si no ves todas las columnas, desplaza la tabla horizontalmente. Con teclado, enfoca la tabla y usa las flechas.

La ausencia es particularmente importante porque el registro solo ve al ganador del proceso. No ve a las 20, 50 o 300 familias que presentaron documentación y fueron descartadas. Por construcción, tampoco puede calcular una tasa de rechazo del 40%, 60% o 90% para hogares vulnerables. ref. 7 pendiente

Lo que sí puede observarse con precisión es el precio del contrato que finalmente se firma. En el primer trimestre de 2024, justo alrededor de la introducción de las zonas tensionadas, la renta media de vivienda habitual era de 887,90 € en los municipios tensionados y de 1.193,51 € en Barcelona. En el primer trimestre de 2026 era de 876,56 € y 1.137,35 €, respectivamente. Fuera de las zonas tensionadas, en cambio, pasó de 583,95 € a 639,60 €. La propia Generalitat identifica las declaraciones de zona tensionada de marzo y julio de 2024 al construir esta comparación. ref. 8 pendiente

Esto confirma que el control ha contenido el precio observado de los contratos que llegan a firmarse. Pero una estadística de precio medio condicionado a que exista contrato no responde a la pregunta distributiva fundamental:

¿Quién consigue ser el firmante de ese contrato más barato?

Esa diferencia entre precio del contrato conseguido y probabilidad de conseguir un contrato es central. Una política puede reducir el precio que paga el ganador y simultáneamente empeorar las probabilidades de acceso de determinados tipos de solicitante. Los datos públicos catalanes permiten estudiar bastante bien la primera dimensión, pero prácticamente nada la segunda. ref. 9 pendiente

El filtro de solvencia y la barrera de los 2.000 euros

Aquí la evidencia es mucho más contundente.

Arrenta, correduría especializada en seguros inmobiliarios, explica que las aseguradoras realizan un estudio de viabilidad del inquilino y, cuando corresponda, del avalista. Su criterio general publicado en octubre de 2025 es que el alquiler no supere el 40% de los ingresos netos. Para empleados por cuenta ajena y funcionarios menciona expresamente ingresos demostrables y estables, una antigüedad laboral mínima de seis meses o contrato indefinido y ausencia de registros de morosidad. Si no se alcanza la relación de solvencia, la póliza puede ser denegada. ref. 10 pendiente

La investigación de El País de marzo de 2026, basada en compañías como ARAG, Arrenta Sabseg, Mutua de Propietarios y SEAG, sitúa los criterios actuales de esfuerzo alrededor del 40%-45% y describe análisis de nóminas, declaraciones tributarias, vida laboral, extractos y ficheros de deuda. También recoge que para la estabilidad laboral se exige habitualmente contrato indefinido con el periodo de prueba superado o más de un año de antigüedad en otros tipos de contrato. ref. 11 pendiente

Aplicando esos filtros a las rentas reales del Incasòl se obtiene una aproximación mucho más reveladora que cualquier anécdota:

Si no ves todas las columnas, desplaza la tabla horizontalmente. Con teclado, enfoca la tabla y usa las flechas.

Cálculo propio sobre rentas contractuales oficiales y ratios sectoriales de solvencia. ref. 12 pendiente

El resultado es especialmente claro para el umbral planteado en la investigación. Un hogar con 2.000 € netos mensuales puede dedicar como máximo 800 € si la aseguradora impone un 40%, o 900 € si admite un 45%. Por tanto:

• con un filtro del 40%, no alcanza la solvencia requerida para el contrato medio de una zona tensionada;
• incluso con un 45%, apenas supera el umbral de la media de las zonas tensionadas;
• en Barcelona ciudad, un hogar de 2.000 € tendría una tasa de esfuerzo del 56,9%, muy por encima incluso del límite flexible del 45%. ref. 13 pendiente

Más contundente aún: para poder asumir la renta media de Barcelona bajo un filtro del 40%, un hogar necesita aproximadamente un 42% más de ingresos que un hogar de 2.000 €. No se trata de una preferencia ideológica del propietario: cuando la póliza de impago condiciona la operación, la propia arquitectura de aseguramiento convierte esa diferencia de renta en un criterio de elegibilidad. ref. 14 pendiente

Esto no significa que todos los hogares inferiores a 2.000 € sean rechazados automáticamente. Existen viviendas por debajo de la media, ingresos conjuntos, avalistas y productos con scoring alternativo. La propia Arrenta ofrece modalidades sin documentación económica y diferentes compañías aplican criterios distintos. Por eso no es correcto transformar el cálculo anterior en una “tasa de rechazo”. ref. 15 pendiente

Pero sí significa algo económicamente importante: la vivienda media disponible en el mercado tensionado ya está por encima del límite de asegurabilidad de un hogar inferior a 2.000 € cuando se aplica la regla del 40%. Es un resultado cuantitativo, no anecdótico. ref. 16 pendiente

El contrato temporal tiene una segunda penalización

El ingreso no es el único filtro. Un trabajador puede ganar suficiente dinero y seguir siendo peor candidato debido a la naturaleza o antigüedad de su empleo. Arrenta habla de seis meses de antigüedad o contrato indefinido; otras compañías citadas en 2026 exigían contrato indefinido con prueba superada o más de un año de antigüedad en otras modalidades. ref. 17 pendiente

Esto genera una jerarquía de riesgo bastante previsible:

ingreso suficiente + empleo estable + historial limpio
↓
ingreso suficiente + empleo temporal/reciente
↓
ingreso ajustado + empleo temporal
↓
ingreso insuficiente según ratio

No existe evidencia pública para poner un porcentaje de rechazo a cada escalón, pero sí está documentado que esos atributos entran explícitamente en el proceso de evaluación. ref. 18 pendiente

Los propios comentarios de usuarios contestados por la correduría —que deben considerarse evidencia anecdótica y no una muestra estadística— muestran además casos en 2024–2025 de solicitantes a los que se pedía un año de antigüedad, familias con contratos no indefinidos que recurrían a familiares como avalistas y candidatos extranjeros con dificultades para documentar ingresos en formatos admitidos por determinadas compañías. Las respuestas de Arrenta confirman que distintas aseguradoras tienen requisitos distintos y que el avalista se utiliza como vía para conseguir viabilidad. ref. 19 pendiente

Por tanto, respecto al segundo objetivo solicitado, la conclusión exacta es:

No existe una tasa pública y verificable de rechazo automático de hogares con menos de 2.000 € netos o contrato temporal. Sí existe evidencia suficiente para demostrar que esos dos atributos reducen de forma mecánica la elegibilidad bajo los criterios habituales del seguro de impago.

De un mercado de precios a un mercado de “casting”

La conexión entre el control de precios y el filtro de solvencia requiere un segundo elemento: que haya muchos más aspirantes que viviendas. La evidencia de 2024–2026 apunta claramente en esa dirección, aunque hay debate acerca de cuánto de la escasez debe atribuirse causalmente a la regulación y cuánto a tendencias anteriores de oferta y demanda. ref. 20 pendiente

Un año después de la primera declaración catalana de zonas tensionadas, El País documentó que los nuevos contratos firmados en los 140 municipios inicialmente regulados habían pasado de 29.648 en el primer trimestre de 2024 a 23.461 en el cuarto, un descenso del 21%. El saldo neto de contratos cayó aún más: de 6.244 a 2.401. Al mismo tiempo, los contratos de temporada habían aumentado un 45% desde la regulación. ref. 21 pendiente

En ese entorno, agentes inmobiliarios describían viviendas con hasta 300 candidatos para un solo adjudicatario. Según datos comunicados por Idealista en la misma investigación, el número de familias interesadas en una vivienda había pasado de 40 a 54 en un año. Los propietarios elegían, según el portavoz citado, a quienes les ofrecían mayor seguridad, dejando atrás primero a familias vulnerables, después a hogares en riesgo y más tarde a quienes tenían que dedicar más del 30% de sus ingresos al alquiler. ref. 22 pendiente

Especialmente relevante para la tesis planteada es la valoración de José García Montalvo, catedrático de Economía de la UPF, recogida en el mismo reportaje: identifica entre quienes permanecen al final de la cola a hogares de rentas bajas, migrantes, jóvenes y madres de familias monoparentales, porque el propietario tiene la posibilidad de escoger candidatos más solventes. Es una observación experta y sectorial, no microeconometría administrativa, pero coincide exactamente con el mecanismo que predicen los filtros aseguradores. ref. 23 pendiente

La evaluación publicada en junio de 2026 por Fernando Pinto y difundida por FEDEA/CES Andalucía llega, desde un enfoque económico, a una conclusión muy similar: encuentra que donde se aplica la ley el alquiler se moderó más, la oferta anunciada se redujo intensamente y la competencia por cada vivienda aumentó. La interpretación del estudio es explícita: cuando el precio deja de realizar todo el ajuste entre oferta y demanda, el ajuste restante pasa por el racionamiento entre solicitantes mediante otros criterios. ref. 24 pendiente

Esta es probablemente la evidencia más sólida para reformular correctamente la tesis:

El control no elimina la competencia por la vivienda; puede transformar parte de la competencia monetaria en competencia por atributos personales.

Antes, un propietario que recibía cinco solicitudes podía aceptar un perfil simplemente razonable. Si recibe cincuenta solicitudes al mismo precio, resulta racional elegir el expediente que presente más renta, mayor antigüedad, contrato indefinido, menor endeudamiento, mejor historial y, cuando existe, mejores garantías adicionales. Los criterios de las aseguradoras muestran exactamente qué variables permiten ordenar esos expedientes. ref. 25 pendiente

Aquí aparece la paradoja distributiva. Dos hogares pueden optar al mismo piso limitado a 900 €. Para el hogar A, con 4.000 € netos y dos empleos indefinidos, el alquiler representa el 22,5% de sus ingresos. Para el hogar B, con 2.000 €, supone el 45%. Ambos pagarían exactamente la misma renta subvencionada implícitamente por el límite; pero el primero es objetivamente más atractivo para el propietario y para la aseguradora. El control del precio no contiene, por sí solo, ninguna regla que reserve el ahorro regulatorio al hogar que más lo necesita. Esta es una inferencia económica sustentada por los criterios de solvencia y el racionamiento observado. ref. 26 pendiente

Por eso el problema no es que el tope “dé más dinero” al rico. El mecanismo es más sutil: una rebaja regulada que no está condicionada a renta puede ser capturada por cualquier hogar que obtenga el contrato, mientras que el proceso privado de selección favorece al candidato de menor riesgo financiero.

Avalistas y garantías: el mecanismo está probado, el aumento causal no

La tercera hipótesis es la que presenta una mayor dificultad documental.

Está perfectamente acreditado que el avalista o fiador sirve para rescatar expedientes que no alcanzan por sí solos la solvencia exigida. Arrenta indica que el estudio de viabilidad puede extenderse al avalista; respuestas de la propia correduría en 2024 confirmaban expresamente que familias con contratos temporales o poca antigüedad podían añadir familiares como avalistas. En 2026, empresas de seguros y garantías explicaban igualmente que, cuando el candidato supera el límite de esfuerzo o su solvencia es insuficiente, se pueden pedir avalistas personales y solidarios. ref. 27 pendiente

También se observa que los seguros de impago se han normalizado como mecanismo de protección del arrendador. ARAG señalaba en 2026 que resultaba ya poco habitual encontrar alquileres profesionalizados sin algún tipo de aseguramiento, en un contexto en que la aseguradora estudia precisamente la solvencia de quien entra en la vivienda. ref. 28 pendiente

Pero después de rastrear las fuentes públicas y sectoriales disponibles para 2024–2026, no aparece una estadística robusta del tipo “el porcentaje de contratos con avalista pasó del X% antes de marzo de 2024 al Y% después” para las zonas tensionadas catalanas.

Tampoco el Incasòl sirve para construirla porque la estadística pública de fianzas no incluye “existencia de avalista” como variable principal. ref. 29 pendiente

Hay además una precisión jurídica relevante: la Ley de Arrendamientos Urbanos limita las garantías adicionales en vivienda habitual. En contratos de hasta cinco años —o siete cuando el arrendador es persona jurídica— las garantías adicionales tienen límites legales; en Cataluña, la fianza obligatoria debe además depositarse en el Incasòl. Por ello no puede suponerse simplemente que los propietarios hayan respondido a la regulación exigiendo cantidades arbitrariamente crecientes en efectivo. ref. 30 pendiente

Lo que probablemente ha aumentado en valor económico, aunque no puede cuantificarse con una serie oficial, es la importancia de las garantías personales y de la solvencia de terceros. Cuando el alquiler está limitado y existen muchos candidatos, un padre con ingresos altos que actúa de avalista, dos nóminas indefinidas o un funcionario con ingresos recurrentes pueden diferenciar un expediente sin modificar la renta contractual. El uso de avalistas para salvar expedientes insuficientes está documentado; el salto estadístico pre/post regulación, no. ref. 31 pendiente

Por tanto, escribir que “desde la entrada en vigor del índice se ha disparado un X% la exigencia de avales” sería inventar un dato. La formulación defendible es:

Tras la regulación, existen más incentivos económicos para seleccionar por solvencia y garantías cuando aumenta el número de candidatos; las aseguradoras utilizan explícitamente avalistas para hacer viables perfiles que no alcanzan sus criterios. No existe, sin embargo, una serie pública catalana que cuantifique cuánto aumentó esa exigencia a partir de marzo de 2024.

El contraste que impide afirmar que el beneficio es exclusivamente para rentas altas

Hay un resultado importante que conviene no ocultar porque debilita la versión extrema de la hipótesis.

Un trabajo académico de Abel Carrer y otros autores sobre el anterior episodio catalán de control de rentas de 2020–2022 encuentra que, inicialmente, la reducción de precios se concentró precisamente en la parte baja de la distribución de alquileres: aproximadamente 7%-8% en los cuartiles inferiores, mientras las rentas de los cuartiles superiores apenas variaban. Los autores interpretan ese resultado como indicio de que los inquilinos de viviendas relativamente baratas —presumiblemente de menores ingresos— obtuvieron beneficios a corto plazo. ref. 32 pendiente

El mismo trabajo encuentra, no obstante, importantes efectos de oferta: usando anuncios de Fotocasa, estima una reducción sustancial de la oferta de alquiler después de la introducción del control y un desplazamiento hacia el mercado de compraventa. ref. 33 pendiente

Esto obliga a separar dos poblaciones.

Los insiders

Son hogares que ya disponen de vivienda regulada o consiguen el nuevo contrato. Para ellos, la contención puede representar un beneficio muy real. Los datos actuales de la Generalitat muestran precisamente que entre el primer trimestre de 2024 y el primero de 2026 la renta contractual media se mantuvo prácticamente contenida en las zonas tensionadas y cayó en Barcelona en términos nominales, mientras aumentaba claramente en el resto de Cataluña. ref. 34 pendiente

Además, el estudio del anterior control catalán encuentra que una parte de ese beneficio llegó a segmentos de vivienda barata, por lo que no hay base empírica para afirmar que todos los beneficiarios del control sean hogares acomodados. ref. 35 pendiente

Los outsiders

Son quienes necesitan entrar ahora al mercado o cambiar de vivienda. Para ellos importa no solo el precio, sino la probabilidad de encontrar oferta y ser elegidos. La evidencia de 2024–2026 indica menor rotación de contratos, gran competencia por las viviendas disponibles y selección cada vez más exigente. Es precisamente entre estos outsiders donde el impacto regresivo de la selección por solvencia puede ser mayor. ref. 36 pendiente

Esto permite formular una hipótesis distributiva más sofisticada:

el control puede ser progresivo en el precio que pagan algunos insiders y simultáneamente regresivo en el margen de acceso de los outsiders más débiles.

Ese es el resultado realmente interesante. El error sería observar solamente la caída del alquiler de los contratos firmados y concluir que todos los vulnerables están mejor, o mirar solamente el casting de nuevos candidatos y concluir que ningún hogar pobre se beneficia. Ambas afirmaciones exceden los datos disponibles. ref. 37 pendiente

Veredicto sobre la tesis del “subsidio encubierto”

La formulación inicial —“el control de alquileres actúa como un subsidio encubierto para las rentas altas y personas con empleo blindado, expulsando a trabajadores modestos, jóvenes e inmigrantes”— contiene un núcleo empírico fuerte y una conclusión excesivamente absoluta.

El núcleo fuerte queda bien respaldado:

Primero, el precio máximo no está condicionado a la renta del beneficiario. Un profesional que ingrese 5.000 € al mes puede obtener exactamente la misma reducción regulatoria que un trabajador que gane 1.800 €, siempre que ambos opten a la misma vivienda. El sistema de control del precio no realiza por sí mismo una prueba de necesidad económica del adjudicatario. ref. 38 pendiente

Segundo, cuando hay exceso de demanda, el propietario tiene incentivos para sustituir la puja de precios por una puja de solvencia. La evidencia catalana muestra más competencia y procesos de casting cada vez más duros, mientras los seguros evalúan explícitamente ingresos, antigüedad, estabilidad laboral y morosidad. ref. 39 pendiente

Tercero, la barrera es cuantitativamente relevante. Con una renta media tensionada de 876,56 €, un filtro asegurador del 40% requiere 2.191 € netos mensuales de hogar. En Barcelona, la media de 1.137,35 € exige 2.843 €. Así, un hogar por debajo de 2.000 € queda fuera del criterio estándar para la vivienda media tensionada y muy lejos de él en Barcelona. ref. 40 pendiente

Cuarto, la inestabilidad laboral constituye una barrera separada del ingreso. Trabajadores temporales o recién incorporados pueden necesitar mayor antigüedad, una modalidad de seguro alternativa o un avalista. Quien dispone de padres solventes puede superar esa barrera; quien no dispone de patrimonio o red familiar solvente no tiene ese recurso. ref. 41 pendiente

Quinto, existen testimonios de mercado específicos de Barcelona que sitúan a jóvenes, migrantes, familias vulnerables y monoparentales en las últimas posiciones de la cola ante propietarios que prefieren mayor solvencia. Eso constituye evidencia directa del fenómeno, aunque no cuantifique su magnitud poblacional. ref. 42 pendiente

Lo que no queda demostrado es que la mayoría de contratos regulados esté acabando en manos de rentas altas o funcionarios, porque nadie publica esa distribución; tampoco puede darse una tasa de rechazo de hogares por debajo de 2.000 €, ni una variación porcentual de avalistas desde marzo de 2024. ref. 43 pendiente

Por ello, la afirmación más fuerte que permite hoy la evidencia sería ésta:

La regulación de rentas catalana ha contenido el precio de los contratos de vivienda habitual que llegan a firmarse, pero opera en un mercado donde la escasez y la competencia permiten a propietarios y aseguradoras seleccionar por solvencia. Los criterios de aseguramiento exigen normalmente que la renta no supere alrededor del 40%-45% de los ingresos y penalizan la falta de estabilidad laboral. Con las rentas efectivamente registradas en 2026, un hogar con menos de 2.000 € netos queda por debajo del umbral estándar para la vivienda media de las zonas tensionadas y muy por debajo en Barcelona. En consecuencia, existe una base empírica sólida para afirmar que el racionamiento no monetario favorece comparativamente a hogares con mayor renta, contratos estables y capacidad de aportar garantías. No existe todavía, sin embargo, la microestadística necesaria para demostrar qué porcentaje de los contratos regulados ha sido capturado por esos perfiles ni para atribuir causalmente toda la exclusión observada al control de precios. ref. 44 pendiente

En términos de política pública, este agujero de información es sustantivo. Medir únicamente cuánto baja el alquiler medio es insuficiente para evaluar una intervención que puede alterar simultáneamente quién entra en el mercado. Una evaluación distributiva completa necesitaría que la Generalitat publicara, de forma anonimizada, para cada cohorte de nuevos contratos en zonas tensionadas, deciles de renta del hogar, edad, nacionalidad, situación laboral, tipo y antigüedad contractual, tasa de esfuerzo, existencia de avalista y, mediante colaboración con plataformas y aseguradoras, tasas de solicitud y rechazo. Hoy las estadísticas públicas no permiten hacer ese análisis. ref. 45 pendiente

La “prueba definitiva”, por tanto, todavía está pendiente. Pero el mecanismo que podría producirla ya es observable: precio contenido + oferta limitada + muchos candidatos + filtro de solvencia = el ahorro regulatorio se asigna no necesariamente al hogar con mayor necesidad, sino al hogar que consigue ganar el proceso de selección. Esa es la vulnerabilidad distributiva más seria que muestran los datos disponibles de Cataluña en 2024–2026. ref. 46 pendiente